El problema del acceso a la vivienda de los jóvenes

España tiene un problema estructural poblacional: tenemos la población más envejecida del mundo  después de Japón y genera un desequilibrio en las cuentas públicas sin precedentes como demuestra el análisis del presupuesto y la partida de pago de pensiones.

España tiene un problema estructural poblacional: tenemos la población más envejecida del mundo  después de Japón y genera un desequilibrio en las cuentas públicas sin precedentes como demuestra el análisis del presupuesto y la partida de pago de pensiones. Los jóvenes no abandonan el hogar familiar no porque no quieran sino porque no pueden. Apenas uno de cada 10 jóvenes puede comprar o alquilar vivienda.

Si analizamos el comportamiento de las mismas generaciones en otros países europeos, podemos comprobar que la edad de emancipación se reduce considerablemente, como por ejemplo en el caso de Francia. Con la concesión de un aval del 20% por el Gobierno que  ayudaría a limitar este problema.

Recientes estudios indican que gran parte de la población comprendida entre los 25 y 35 años elegiría tener una vivienda en propiedad antes que alquilar, pero pocas personas jóvenes pueden reunir los requisitos previos que se exigen para formalizar un préstamo hipotecario.

En el caso del mercado de compraventa, una solución podría ser facilitar el acceso a todos aquellos jóvenes que tienen capacidad de pago, pero no han tenido hasta ahora capacidad de ahorro que les permita aportar el porcentaje que se requiere para la compra.

Este mismo problema apareció en la crisis de 2008 en Reino Unido y Francia, y la solución que se dio fue la de facilitar un crédito del 20% por parte de la administración, junto con el 75% de una entidad financiera, y de este modo muchísimos jóvenes pudieron acceder a su primera vivienda. Estos programas están todavía vigentes en estos países con gran éxito.

En las circunstancias actuales con la crisis del COVID-19, no sería factible una solución que pase por la concesión de un crédito por parte del gobierno, pero sí por la concesión de un aval por ese mismo porcentaje, del 20%, que permitiría a las entidades financieras extender el crédito hipotecario hasta el 95% del valor de la vivienda

Con esta medida el Gobierno solo se tiene que comprometer actualmente a presentar el aval en el momento de entrega de la vivienda. Esto sucederá, en el mejor de los casos, para el año 2022.

 En términos de recaudación, la promoción y construcción de 350.000 viviendas en tres años, reportaría al Estado unos ingresos en concepto de impuestos de 8.850 millones de euros, cuantía importante para las arcas públicas.

Estamos ante una oportunidad única de resolver, en gran medida, el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, con un impacto casi nulo en el presupuesto nacional, pero con una reactivación económica.

Publicado el: Sep 02

Categoría: Economía y Vivienda