Los Presupuestos Generales del Estado vuelven al debate político con PSOE y Podemos en posiciones contrarias respecto a la política de vivienda.
La Ley de Vivienda propuesta al principio de la legislatura obtuvo 800 enmiendas, por lo que se requerirá un consenso común.
Ante este consenso, Podemos responde con tres exigencias obligatorias para aprobar la normativa:
El sector inmobiliario se ha posicionado en contra de estas medidas, pero sobre todo por el límite del alquiler. Defienden que esto es una vulneración al derecho de la propiedad privada, aparte de asumir competencias que pertenecen a las comunidades autonómicas.