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Los propietarios en los últimos meses han experimentado un incremento de las okupaciones ilegales de sus viviendas. Este hecho causa pérdidas económicas al propietario que debe esperar durante un largo periodo de tiempo hasta que los tribunales aprueben el desalojo.
Los Presupuestos Generales del Estado vuelven al debate político con PSOE y Podemos en posiciones contrarias respecto a la política de la vivienda
Cada vez más, la sociedad demanda un mayor número de casas prefabricadas, por ser económicas, por su diseño adaptable a cualquier gusto y por ser fáciles de instalar en periodos cortos de tiempo. Sin embargo, respecto a los terrenos y las regularizaciones para las casas prefabricadas existen numerosas dudas.
El pasado lunes, el Banco Popular de China (BPC) comenzó a recortar en sus tipos de interés debido a la lenta recuperación de la economía del país y a un sector inmobiliario que no termina de despegar.
Durante el segundo trimestre de 2022, los requisitos y condiciones para la concesión de préstamos se han visto endurecidos en España. Así lo recoge el Banco de España en su encuesta sobre préstamos bancarios.
Por primera vez desde 2014, se ha alcanzado el porcentaje del 3% en cuanto a la rentabilidad requerida dentro del sector secundario al bono español con plazo de 10 años. Esta rentabilidad aumentó del 2,984% al 3,056% en un solo día. En 2021, el rendimiento se situaba en el 0,395%.
Asval ha alertado acerca de la “indefensión” que los propietarios están sufriendo a consecuencia del escudo social pospuesto para frenar los desahucios de familias sin alternativa para otro hogar. Desde Asval, recuerdan que “un 40% de los propietarios necesitan alquilar su vivienda para cubrir necesidades personales y/o familiares”.
La subida de la inflación ha provocado que el Banco Central Europeo reaccionase ante esto, incrementando los tipos de interés de referencia. Las entidades financieras también se han unido a actuar en contra de la inflación, cambiando sus acciones comerciales.
El pasado año, se alcanzaron los 41.359 desahucios, tras experimentar una subida del 40,6%. Este fenómeno tuvo lugar después de que el Gobierno aprobase el 'escudo social' para reducir los lanzamientos a colectivos vulnerables.
La Generalitat de Cataluña ha recuperado el plan de Vivienda que presentó en 2021, donde se estipulaba que los grandes propietarios estarían obligados a ofrecer un alquiler social para aquellas personas vulnerables, aún si residen en la vivienda de forma ilegal.